El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva ha fallado en contra del Ayuntamiento de Bonares

El Ayuntamiento tendrá que repetir el Pleno orgánico

La juez considera que se vulneraron los derechos del portavoz del PP al no comunicar la convocatoria con la suficiente antelación.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Huelva ha fallado en contra del Ayuntamiento de Bonares y obliga a repetir el Pleno orgánico celebrado el 30 de junio de 2011, en el que se abordó, entre otras cuestiones, la composición de los grupos políticos y sus portavoces, el nombramiento de los tenientes de alcalde y la determinación de cargos electos en régimen de dedicación exclusiva, de asistencia y de asignaciones económicas a favor de los grupos políticos.

Se atiende así al recurso formulado por el portavoz del PP, Santiago Ponce, tras argumentar que «no concurrió el plazo legal de dos días hábiles» desde la notificación a los cargos electos (27 y 28 de junio de 2011) hasta que tuvo lugar la celebración del pleno (30 de junio) La sentencia, contra la que cabe recurso y a la que ha tenido acceso este periódico, concluye que ha existido una «vulneración de normas procedimentales que implican una violación de un derecho fundamental». La juez considera probado que, entre otros ediles, Ponce no pudo ser citado formalmente por la Policía Local al no encontrarse en su domicilio. Frente a esta tesitura, la Policía Local contactó con él por teléfono, según declaró el agente al que se le encomendó esta tarea. Sin embargo, la notificación por escrito no se llevó a efecto hasta el 28 de junio de 2011, es decir, menos de dos días hábiles para preparar el pleno.

El equipo de gobierno socialista alegó al respecto que «las gestiones de notificación» tuvieron carácter personal y directamente por agentes del cuerpo de la Policía Local, «produciéndose la entrega formal de la convocatoria a todos los concejales de la corporación el día 27 de junio, a excepción de dos de ellos, que la recibieron el 28», si bien un día antes de la notificación se le trasladó de forma verbal. Por otra parte, alegaron que el propio Ponce tuvo una «participación muy activa» durante la sesión, por lo que entendía que no se ha vulnerado dicho derecho.

La juez considera que «la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, preceptúa que esta clase de notificaciones tengan lugar necesariamente en el domicilio de los interesados» con la antelación de «dos días hábiles exigida», máxime «con la trascendencia de los asuntos que habían de ser tratados en la sesión plenaria».

Fuente Huelva Información.

 

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