Bonares pide la autorización de sus pozos

Bonares pide la autorización de los pozos en precario hasta que la Junta ordene los riegos

El presidente del Comité de Agricultura Ecológica conmina a las administraciones a «sentarse y recuperar el debate» · Feragua presentará un recurso contencioso contra el plan hidrológico Tinto-Odiel-Piedras

Las palabras del Ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Ángel Arias Cañete, en las que condicionaba la autorización del proyecto de modernización y consolidación de los regadíos del Condado a la legalización de los pozos existentes, es decir, al Plan de Regadíos de la Corona Norte de Doñana, han sentado como un jarro de agua fría para el sector agrícola del Condado.

Un temor que augura nuevas incertidumbres, máxime cuando el pasado lunes el consejero de Medio Ambiente, Luis Planas, reconoció que la Administración autonómica no finalizará estos trabajos hasta 2013, justificando la demora en las más de 3.000 alegaciones realizadas por el sector agrario al primer borrador que se presentó a principios del 2011. A efectos prácticos, esta vinculación implica retrasar todo el proyecto y dejar en un limbo de fechas la llegada del agua superficial, de la que depende la supervivencia de centenares de fincas y las 1.000 hectáreas de riego que se beneficiarían de los 4,9 hectómetros cúbicos de transferencia autorizados en 2008 .Sin embargo, el tiempo juega en contra de la Comunidad de Regantes El Fresno, que lidera el proyecto y que ya ha logrado los 17 millones de euros a los que asciende los trabajos de canalización, que hoy por hoy se encuentran supeditados a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que expide el Ministerio. De otro lado, la urgencia de culminar este proceso burocrático responde a que el 70% de la financiación se encuentra sujeta a fondos europeos que podrían perderse.El alcalde de Bonares, Juan Antonio García (PSOE), señaló ayer «sentirse indignado y preocupado» por las palabras del ministro, por lo que reclama «que, si verdaderamente lo que frena la DIA es la regulación de los pozos, el Gobierno los autorice en precario» hasta que la Junta afronte la regularización. 

 «que, si verdaderamente lo que frena la DIA es la regulación de los pozos, el Gobierno los autorice en precario»

En cualquier caso, el regidor hace autocrítica y reconoce que todas las administraciones, «indistintamente de su color político», han errado a la hora de ordenar y brindar una seguridad jurídica a los agricultores, si bien considera que «es el momento de ponerse a trabajar en esta materia y lograr casar los valores medioambientales y económicos». En este sentido alegó que es el propio transvase el que puede lograr esta cuadratura del círculo, en tanto en cuanto que los recursos superficiales de los que se nutran los agricultores irán en beneficio de Doñana.

García señaló que desconoce «cómo interpretar las palabras del ministro» y más aún después de que, tras entrevistarse la plataforma en defensa de los regadíos con representantes de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), nos hayan trasladado su predisposición de solventar la situación». Al respecto, el alcalde mostró la voluntad de firmar un convenio con «todas las partes comprometiéndonos a cumplir con los acuerdos adoptados».

Una lectura diametralmente opuesta realiza senador onubense Francisco Moro (PP), quien ve en las palabras de Arias Cañete «un compromiso de iniciar el proceso de aprobación de los pozos ilegales, exigiendo a la Junta que culmine las obras que permitan el trasvase y la necesaria conexión del Guadiana con el Guadalquivir». Asimismo resaltó que la conexión de la balsa de Lucena del Puerto con la estación de tratamiento de agua potable de La Palma del Condado es «indispensable para realizar la transferencia hídrica».

Curiosamente la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) realiza la misma interpretación que Moro y acusa al Ministerio de «estar amparando un proceso de legalización encubierta promovido por la Junta de Andalucía a través del Plan Hidrológico de la demarcación Tinto-Odiel-Piedras, el cual establece dotaciones deficitarias para el cultivo de la fresa. A través de un comunicado, explica que «repartir para todos el agua que no hay es repartir pobreza y desempleo», a la par que avanzó que la asociación ha decidido en Junta de Gobierno presentar un recurso contencioso administrativo contra dicho plan hidrológico.

El presidente del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, Francisco Casero, alzó la voz para que las administraciones abandonen las posiciones ambiguas y pasen a la acción práctica «sentándose a abordar la situación y recuperar el debate. Ahora todo se basa en rumores pero la información real brilla por su ausencia», sentencia el líder empresarial.

Sin embargo, más allá de intereses económicos particulares, existe el comercial común para finiquitar el estado de anarquía y ausencia de regulación que tanto daño hace en los mercados «cuando en los medios de comunicación europeos se habla de transformación de tierras, pozos ilegales o denuncias» contra los agricultores». Casero conminó a las administraciones a sembrar certidumbres y situar la marca Doñana como adalid de las buenas prácticas medioambientales.

fuente: http://www.huelvainformacion.es/

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